En el año 2007, el precio promedio de la tonelada de soja fue de aproximadamente U$S 300. A principio de marzo del 2008, cuando se sanciona la Resolución 125, el precio internacional de la soja había alcanzado un récord histórico de U$S 500 la tonelada. Al momento de la derogación, el precio de la soja se encuentra cerca de los U$S 600. Esto significa que los productores y el Estado nacional recibirán casi el doble de recursos que recibían en el 2007. Las cifras ilustran hasta qué punto el contexto internacional sigue ofreciendo condiciones inéditamente favorables a la Argentina.

¿Alcanza con desactivar el conflicto con el campo para empezar a aprovechar estas oportunidades? El seguimiento de los costos internos medidos en dólares permite obtener algunos parámetros de referencia en torno a este estratégico interrogante. En base a datos del Ministerio de Economía y el INDEC se pueden identificar las siguientes tendencias:

·         Los precios mayoristas internos de bienes agropecuarios, medidos en dólares, que se habían "licuado" un 25% con la devaluación, actualmente, son un 18% superior al 2001.

·         Los precios mayoristas internos de bienes industriales, medidos en dólares, que se habían "licuado" un 44% con la devaluación, actualmente, son un 4% superior al 2001.

·         Los costos laborales totales (salarios más cargas sociales), medidos en dólares, que se habían "licuado" un 68% con la devaluación, actualmente, son un 10% inferior al 2001.

Los precios mayoristas de bienes agropecuarios e industriales reflejan la evolución de los precios internos de los principales insumos que utiliza la producción nacional. Medidos en dólares, estos costos fueron fuertemente "licuados" por la devaluación. Sin embargo, el efecto quedó eliminado como consecuencia de la inflación. En promedio, los costos de los insumos estarían por encima del nivel que tenían en el 2001. En el caso de la mano de obra, la dinámica es bastante parecida sólo que como la "licuación" producida por la devaluación fue más intensa su nivel todavía está por debajo del observado en el 2001. Sin embargo, sobre el final de año, cuando las rondas de negociaciones colectivas estén concluidas, los costos laborales en dólares también estarán por encima del nivel pre-devaluación.

Es claro que si se supera el conflicto con el campo los extraordinarios precios internacionales generan una excelente oportunidad para la producción de alimentos. Sin embargo, hay que considerar el impacto macroeconómico que tendrá el aumento en la oferta de dólares. En la medida que el tipo de cambio real profundice su tendencia descendente por mayor entrada de divisas –lo que provocará que los costos internos de producción suban más que el dólar– se intensificará la presión sobre la delicada situación de bajo nivel de competitividad del resto de los sectores productivos. Prueba de ello es que, en promedio, los costos internos ya tienen niveles superiores a los prevalecientes antes de la devaluación.

La apreciación cambiaria no necesariamente debe asociarse a efectos traumáticos. Muy por el contrario, es indudable que para mejorar la situación social es fundamental que los salarios se recuperen en términos reales luego de la fuerte "licuación" que produjo la devaluación. Los problemas aparecen cuando la apreciación cambiaria no va acompañada por aumentos de productividad. Una secuencia virtuosa se hubiera producido si la "competitividad cambiaria" impulsada en el 2002  hubiera sido paulatinamente sustituida por ganancias de "competitividad productiva".  

Lejos de aprovechar los tiempos de "competitividad cambiaria" para tomar medidas que mejoren la productividad, se han multiplicado los focos de ineficiencias. En áreas fundamentales, como el sistema educativo, las relaciones laborales, los servicios públicos, la infraestructura productiva y social, el sistema tributario y la coparticipación federal, las medidas gubernamentales han inducido al deterioro de la calidad y a la conflictividad. Esto genera una doble presión sobre el aparato productivo: las instituciones económicas y sociales dilapidan recursos en burocracia y corrupción mientras que los costos de los insumos suben en términos de dólares. Se han acumulado tantos problemas que el cambio de estrategia debería ser drástico y urgente. Frente a estos problemas, usar fondos públicos para subsidiar una empresa aérea es el mejor ejemplo de lo que no se debería hacer.